Los Votantes

Todo sistema democrático como tal, depende de un factor esencial cuya denominación cambia conforme nos encontremos en determinados espacios temporales. Cuando nos encaminamos a un proceso electoral, la ciudadanía se convierte en Votante. Votante: dícese del individuo/a con edad legal para depositar un sobre cerrado en una urna, independientemente del signo político que refleje la papeleta en él contenida. Cuando estamos en elecciones, el término Votante puede encontrarse en las más diversas formas: Ciudadano, Electorado, Pueblo Soberano, etc. Durante el período electoral la gente de a pie somos el motor que hace posible y que justifica todo el sistema democrático. Todas las promesas, todos los programas políticos, todos los discursos, debates, intervenciones, entrevistas, todo gira entorno a la ciudadanía, a resolver todos los conflictos y problemas en que una sociedad se puede ver inmersa. Los propósitos de cada partido político sólo tienen una única razón de ser: Los Votantes.

Cuando el período electoral termina; se celebran las elecciones; un partido se convierte en ganador; un Presidente es elegido en las Cámaras y todo se estabiliza, Los Votantes, esa parte tan fundamental del sistema democrático deja de ser primordial. Los programas políticos ya no son la guía del entramado político, ahora hay otros intereses, otras demarcaciones que no estaban reflejadas en el proceso de obtención del voto. Acceder al poder, a los poderes públicos: una Cartera de Ministerio, un Cargo en las Cortes, un puesto relevante en las tomas de decisiones, una intervención política en los sistemas financieros, las Secretarías de Estado, las Jefaturas, y un largo etcétera de puestos de privilegio que los políticos ansían poseer.

Y tras la vorágine que supone la toma de posesión de todos ellos, previos pactos con los partidos de turno para formar Gobierno, llega el momento de Gobernar. Leyes Orgánicas, Reformas políticas, e incluso Constitucionales, Decretos Leyes, Decretos Legislativos, nuevos Reglamentos, etc, etc. El nuevo Gobierno hace y deshace a su antojo previo paso por el Congreso de los Diputados, donde la votación ya esta ganada de antemano gracias a las mayorías obtenidas, ya sean absolutas o bajo acuerdo con otros partidos afines. El resumen sencillo sería que los 350 Diputados tienen en sus manos todo el peso del rumbo que Los Votantes le han otorgado. ¿Y la participación de estos Votantes cuál es me pregunto yo? 

La respuesta es clara. Ninguna. El electorado, el ciudadano, osea, alrededor de 30 millones de habitantes de un País como el nuestro con derecho a voto, no tienen ninguna forma de incidir en la toma de decisiones políticas. La democracia, osea, el gobierno del pueblo, se simplifica hasta el punto de que la vida de 46 millones de personas está en las manos de 350 Diputados (y toda su ingente cartera de Asesores) que no tienen ninguna responsabilidad ni penal, ni civil sobre las decisiones que toman. Ni siquiera están obligados a rendir cuentas y mucho menos a seguir su propio programa político. Esto es, el partido ganador con un programa político, no está obligado a cumplirlo, es más, puede llegar a hacer todo lo contrario de lo que dice su programa, y no ocurre absolutamente nada. 

Un ejemplo sería: yo me presento a presidente de mi comunidad de vecinos, y para obtener el voto de todos, digo que voy a contratar un seguro que se adecue más a la situación económica actual, y cuando obtengo el puesto, contrato un seguro más caro porque a otros dos vecinos y a mi nos benefician más sus prestaciones. Y no pasará nada. Mi mandato seguiría durante el año establecido y no tendrá ninguna repercusión mi decisión durante el año en curso. Pues este ejemplo, llevado al Sistema Democrático alarga ese período de impunidad a cuatro años de legislatura. El ciudadano puede manifestarse para demostrar su contrariedad, puede asociarse, puede llevar a cabo todas las medidas de protesta que se les ocurra, pero la decisión será inamovible. Las votaciones de los Diputados estarán intactas, las órdenes de partido seguirán su curso, y la conclusión será: Se puede gobernar para el pueblo pero sin el pueblo. 

¿Quién se beneficia de las decisiones contrarias a la mayoría de la población? Este es el gran punto de debate. ¿Por qué un partido insiste en realizar una Reforma o implantar una Ley aún teniendo a la opinión pública en contra?. La respuesta rápida y seguramente más acertada, será el interés económico de una parte muy importante de la sociedad. ¿Quién se beneficia de las discutidas Reformas de la Educación, de la Sanidad o la Reforma Laboral en sí? Los entes financieros que necesitan el mercado Público para agrandar su inversión privada. 

LA SOLUCIÓN. 

La solución más práctica y realizable que se me ocurre para que el ciudadano, El Votante, tenga la seguridad de que su voto es efectivo, es la obligación por Ley del cumplimiento del programa político con el que los partidos ganan las elecciones. Así de sencillo. Cuando votamos, sabemos el nombre del partido, su tendencia política, y tenemos su programa. Si por Ley se obligase a su cumplimiento, las promesas de no subir impuestos, de no eliminar derechos, de no hacer reestructuraciones a su antojo se verían limitadas, y el ciudadano tendría la certeza de la responsabilidad política. Como punto de partida me parece una solución viable. Gane quien gane, sabremos que sus actos y decisiones tienen una hoja de ruta obligada a seguir. Siempre y cuando, también hay que añadir, el incumplimiento del programa tenga algún sistema de control y castigo por las infracciones, ya vaya desde las dimisiones obligadas, la retirada del cargo o cualquier otra que la Ley prevea. 

Si se les ocurre otra solución para resolver el tema tratado publiquen sus comentarios. Entre todos encontraremos la solución.

Un cordial saludo!